domingo, 6 de mayo de 2012


Al gobierno del Estado de Michoacán

A las autoridades universitarias

A la comunidad universitaria

A la sociedad michoacana



Una comunidad se forma cuando unos grupos humanos, por diversos que sean, se reconocen en el mundo al que pertenecen, aprenden a amarlo y a compartirlo, y no gastan sus vidas en despreciarse unos a otros, en discriminarse unos a otros.

William Ospina

Transcurría la vida universitaria en medio de una dulce y divina tranquilidad, cobijada por la paloma de paz, cuando de pronto apareció el fantasma de la discordia.

Ramón Martínez Ocaranza. Poeta y profesor nicolaita. Texto escrito en 1966 a partir de la agresión del ejército a estudiantes de la UMSNH

¿Quiénes son los vándalos?

La madrugada del pasado sábado 28 de abril las policías estatal -en concreto el cuerpo llamado “GOE”- y federal, irrumpieron en 3 Casas del estudiante habitadas por alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con lujo de violencia, sin órdenes de cateo, sin órdenes de aprehensión. Así, de noche, de manera ilegal, como en las décadas de los 60's y 70's. Como en marzo de 1963 y octubre de 1966 en Morelia. Así, al estilo de la guerra sucia, como la que estamos viviendo en Michoacán desde que el gobierno federal emprendió el combate al crimen organizado. Hace poco más de 5 años que el Estado vive en vilo, sumido en un clima de inseguridad y terror, debido sobre todo a los abusos de las “fuerzas del orden” contra la población. Lo sucedido la madrugada del sábado demuestra cuánto ha aprendido en este tiempo la policía estatal de la brutalidad de las fuerzas federales, y muestra sobre todo, la vulnerabilidad e indefensión en la que nos hallamos los ciudadanos.

Según testimonios directos de jóvenes que vivieron la violenta incursión de los GOEs y de los federales en las Casas, éstos los atacaron con gases lacrimógenos, con macanas e incluso con bats de beisbol. Hay narraciones que hablan de policías quebrándole las rodillas a un joven, lanzando a otro desde arriba de un cobertizo, pateando y golpeando brutalmente a muchachos ya derribados en el suelo. Hay también testimonios de los moradores, de que los policías se comportaron como voraces rateros y verdaderos vándalos: saqueando las despensas, robando laptops, mochilas, celulares y otras pertenencias de los estudiantes, destruyendo equipo de cómputo de las bibliotecas.

Hay temor de hablar, de decir lo que verdaderamente ocurrió. Muchos de los que fueron detenidos en un inicio, vacilan en narrar la experiencia porque fueron explícitamente amenazados durante las 12 horas en las que estuvieron retenidos quién sabe dónde. Les dijeron que si hablaban lo pagarían caro ellos y sus familias. Aún hay 13 detenidos, varios heridos hospitalizados –de los cuales poco se sabe, ante el secretismo del personal médico que los atiende- y muchos cuyo paradero se desconoce hasta el día de hoy.

Si como sociedad permitimos que los jóvenes sean criminalizados y violentados de esta manera; si, aún más, no sólo lo permitimos sino que callamos por comodidad o, en el peor de los casos, aplaudimos el uso de la fuerza bruta que pasa por encima de cualquier derecho humano en aras de “restablecer el orden”, debe ser porque estamos mal, muy mal. Debe ser porque ya nos acostumbramos al autoritarismo con el que hemos sido gobernados, porque nos hemos hecho insensibles ante la violencia infligida a un semejante y nos hemos olvidado de que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derechos fundamentales que han de ser respetados en cualquier país que se considere civilizado.

Lo ocurrido el pasado sábado a miembros de nuestra comunidad universitaria, en espacios que sí son propiedad o están bajo resguardo de la Universidad Michoacana, que se sostienen con presupuesto universitario y que dan cobijo a cientos de jóvenes de escasos recursos que de otra manera no podrían estudiar una carrera, es un atropello intolerable e injustificable. Es una demostración de que la barbarie y la brutalidad se han impuesto como “estilo de gobernar”, ante la ausencia total de otras capacidades más políticas, más democráticas, más republicanas.

Los firmantes, universitarios congruentes con su pasado histórico de compromiso social, organizaciones sociales fraternas y ciudadanos conscientes de nuestros derechos, declaramos y exigimos:

a)      Que sí se violó la autonomía universitaria, y se violentó a una parte importante de su comunidad;

b)      Que no se agotaron las vías del diálogo y la negociación con los estudiantes, ni se ha trabajado seriamente en atender sus legítimas demandas;

c)      Que se hizo un uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de la policía estatal;

d)     Que se violaron los derechos humanos de los jóvenes moradores de las Casas que fueron allanadas;

e)      Que el gobierno estatal debe ofrecer información inmediata sobre la situación de los estudiantes detenidos y los heridos, a sus familiares, a la comunidad universitaria y a la sociedad entera;

f)       Que el gobierno estatal debe resarcir todos los daños materiales causados al patrimonio universitario y al de los propios estudiantes afectados;

g)      Que se investigue y se castigue a los responsables de las lesiones, el despojo, la destrucción de bienes, y, en su caso, los actos de tortura que hayan sufrido los estudiantes durante los hechos ocurridos;

h)      Que cese de inmediato la campaña de difamación y desinformación orquestada por el gobierno estatal y las autoridades universitarias en contra de los estudiantes de las Casas y, en cambio, se ofrezca información fidedigna y de buena fe a la sociedad, para que ésta pueda entender los hechos y normar su criterio;

i)        Que sean liberados, inmediata e incondicionalmente los 13 estudiantes detenidos en el Cereso Mil Cumbres y a quienes se pretende fincar delitos graves, con absoluta violación a sus derechos humanos;

j)        Que las autoridades universitarias han de reconocer  a las Casas del Estudiante como parte de la Universidad que son, y como tales, brindar protección a las personas y a los bienes que las ocupan;

k)      Que se escuche y atienda con seriedad las demandas de los estudiantes de las Casas, respetando en todo momento sus derechos como seres humanos y como estudiantes.

Repudiamos el uso de la fuerza pública para reprimir la protesta social, la cultura de criminalización de los jóvenes y todo mecanismo –institucional, judicial, político o económico- que sirva para excluirlos de las oportunidades que merecen y arrebatarles los derechos que les corresponden por el sólo hecho de ser mexicanos.

¡Cuidemos y defendamos a los jóvenes! ¡Sin los jóvenes no habrá país! ¡Sin pensamiento crítico y libertad de expresión y manifestación, estaremos abriendo la puerta a una dictadura!¡No permitamos que la violencia de estado reprima y silencie la acción ciudadana!

Morelia, Mich., 2 de mayo de 2012
Profesores nicolaítas.


D I F U N D E


http://forjandolaeducacion.blogspot.mx/

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